Unos 50.000 millones de euros. Esto es lo que les cuesta a la Unión el incumplimiento de las normativas europeas medioambientales, según cálculos del Ejecutivo Comunitario. Por ello, Bruselas ha propuesto hoy a los Veintisiete una serie de medidas para una mejora de la aplicación legislativa en la materia.
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