El Ejecutivo comunitario ha añadido a la propuesta de la tasa sobre transacciones financieras una cláusula que asegura su aplicación siempre que alguna de las partes o el objeto del contrato pertenezcan a algún país participante. Se pretende así impedir la elusión de este impuesto, cuyos beneficios anuales la Comisión cifra en más de 30.000 millones.
