La Comisión Europea quiere proteger el comercio internacional de las malas prácticas, como los subsidios ilegales y la competencia desleal, modernizando los instrumentos de defensa en aras de una mayor transparencia y efectividad. Se pretende evitar casos como el que enfrentó el pasado año a Madrid y Buenos Aires tras la expropiación por parte de Argentina del 51% de la española Repsol.
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