La fiscalía de la República de Bulgaria ha levantado la liebre. Acusa a las fuerzas policiales del país de haber realizado escuchas telefónicas no autorizadas incluso después de la renuncia en bloque del anterior Ejecutivo. El principal acusado es el ex ministro del Interior, y entre el listado de víctimas se encuentra Kristalina Georgieva, comisaria de Cooperación. Bruselas, por el momento, sigue sin pronunciarse.