El Tribunal General de la UE ha desestimado los recursos de siete sociedades del sector del cemento, entre ellas Portland Valderrivas y Cemex España, que denunciaron el carácter arbitrario de la solicitud de información que les presentó la Comisión. Según la sentencia, es suficiente que el Ejecutivo comunitario tenga una “sospecha razonable” de una infracción para exigir aclaraciones a las compañías.