En la actualidad, seis comunidades autónomas españolas aplican impuestos a las grandes superficies, mientras mantienen exentas a las tiendas pequeñas y especializadas. Tras una denuncia lanzada al Ejecutivo comunitario, este ha reconocido que se trata de una ayuda pública ilegal y ha solicitado al Gobierno su supresión o modificación alegando que, si lo hacen, no abrirán expediente del caso.
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