Actualmente, la legislación española concede exenciones fiscales a las empresas nacionales con participaciones indirectas en sociedades extranjeras, lo que, según la Comisión, constituye ayudas de Estado ilegales. Tras varios litigios entre ambas partes y a pesar de que el caso continúa abierto a nivel judicial, un Auto del Presidente del Tribunal General ha declarado incompatible esa ayuda y ordena así su recuperación.