La obligación principal de la Directiva comunitaria impone a los Estados miembros que dicten una decisión de retorno contra las personas que se encuentre en situación irregular en su territorio. Así lo ha ratificado hoy el Tribunal de Justicia de la UE en su sentencia de hoy, en la que ha recordado a España que cuando no cumple esta obligación debe ser expulsado “lo antes posible”.
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