La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción a España y otros cinco Estados miembros por obstaculizar la libre prestación de servicios. En concreto, pide que se deroguen las tarifas mínimas obligatorias para los procuradores. Además, también hoy, ha dado un ultimátum al Gobierno para que no favorezca a determinadas empresas en las contratas del Ministerio de Defensa.
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