El Tribunal de Justicia de la UE ha sentenciado hoy que los Estados miembros pueden imponer una obligación de residencia a los beneficiarios de protección subsidiaria que reciben asistencia social. No obstante, para ello deben demostrar que estos ciudadanos hacen frente a mayores dificultades de integración que los demás extracomunitarios que residan legalmente en el país.
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