La Comisión Europea ha ordenado hoy a España que recupere los 140,7 millones de euros en ayudas públicas concedidos al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para el centro de ensayos de alta velocidad en Andalucía. Según Bruselas, esta ayuda no corresponde a un auténtico objetivo de interés común, ya que no es un proyecto comercialmente viable, ni contribuye a promover un desarrollo sostenible de la región.