Mediante una serie de directrices con base legal, la Comisión Europea pretende regular la venta de tierras agrícolas en la UE. Algunos Estados miembros imponen restricciones a los inversores de otros países para proteger a los agricultores locales, con medidas que violan el derecho comunitario. En un estudio realizado por la Eurocámara se aprecia la concentración y especulación con la tierra agrícola en la Unión.