El Abogado General de la UE considera que la adquisición de la residencia permanente en un Estado miembro de la UE otorga una protección frente a la expulsión. Además, el periodo de diez años de residencia en el Estado miembro debe tener en cuenta los vínculos de integración en dicho Estado, con independencia de la privación de libertad o de la libre circulación de personas en territorio comunitario.