El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha sentenciado hoy que trasladar el domicilio social de una sociedad de un Estado miembro a otro está protegido por la libertad de establecimiento del derecho comunitario y no implica la necesidad de liquidar dicha sociedad, pues no afecta a la actividad efectiva. Para el tribunal, trasladar la sede social para beneficiarse de una legislación más ventajosa “no constituye abuso en sí mismo”.