Los tratados europeos son claros sobre el derecho al asilo. El protocolo 24 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) da poco espacio de actuación. En cualquier caso, Bélgica es uno de los pocos países de la UE que no rechaza de inicio dar asilo a ciudadanos comunitarios.

Desde un punto de vista legal, y con base en los tratado, se considera “que los Estados miembros constituyen recíprocamente países de origen seguros a todos los efectos jurídicos y prácticos en relación con asuntos de asilo”. Las normas europeas están claras sobre esta cuestión: para formar parte de la Unión es obligatorio respetar sus leyes, por lo que no tiene sentido que un ciudadano de los Veintiocho pida asilo en otro Estado miembro, ya que todos respetan las normas comunitarias.

Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, cesado junto con el resto de su Ejecutivo después de la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno central como respuesta a la declaración unilateral de independencia (DUI) del Parlamento regional, ha viajado hoy desde Marsella a Bruselas junto con otros cinco ex consejeros. Según informa La Sexta, su intención es pedir asilo en Bélgica, después de que este fin de semana Theo Francken, el polémico secretario de Estado de Inmigración, y el hombre del ala dura del partido nacionalista flamenco (N-VA), dejara caer la posibilidad de que Puigdemont pidiera asilo en el país.

“Debe haber señales serias de persecución, pero incluso en este caso, debe haber una posibilidad de obtener protección en el país”, ha asegurado a la televisión RTL Dirk Van den Bulcke, comisario general para los refugiados y apátridas en Bélgica.

Las opciones de Puigdemont

Las normas europeas dejan pocas rendijas, pero una de ellas, la más grande quizá, está en Bélgica. Madrid y Bruselas acumulan muchos enfrentamientos por las negativas de los sucesivos gobiernos belgas a extraditar a miembros del grupo terrorista ETA acusados o incluso condenados. Algunos hacen vida normal en el país.

Sobre asilo todo está escrito en el protocolo 24 del TFUE, que da por hecho que no tiene sentido que un ciudadano comunitario pida asilo en otro Estado miembro, ya que todos deben cumplir las normas europeas. Solo hay dos excepciones: la primera pasa porque el Consejo haya iniciado los trámites o ya haya activado el artículo 7 de los Tratados de la Unión Europea. Y eso no es fácil:

“El Consejo Europeo, por unanimidad y a propuesta de un tercio de los Estados miembros o de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2 tras invitar al Estado miembro de que se trate a que presente sus observaciones”.

Es decir, los Veintisiete (todos menos el país implicado, en este caso, España), deberían abrir el procedimiento contra Madrid. Por unanimidad. Y prácticamente todas las capitales cuentan con sus propios problemas regionales, lo que les vacuna de la idea de pegarse un tiro en el pie.

La activación del artículo 7 es la mayor herramienta con la que cuenta la UE contra un Estado miembro que incumple las normas comunitarias. La Comisión Europea mantiene en la actualidad un pulso con Polonia por su constante violación de los principios básicos que rigen la Unión, y ni si quiera en ese caso se ha llegado a “pulsar el botón rojo”, como se suele llamar al artículo 7 en la jerga comunitaria.

La otra opción es la vía unilateral. En ese caso el país que decide dar asilo al ciudadano de otro Estado miembro debe informar de forma inmediata al Consejo. Bélgica es de los pocos países de la Unión Europea que no rechaza en un principio la petición de asilo por parte de un ciudadano de otro Estado miembro. En caso de pedirlo, el examen de petición se hace en 5 días laborables y no tiene posibilidad de recurso. Esta vía conlleva una crisis automática entre Estados miembros.

¿Crisis gubernamental belga?

Bélgica tiene un verdadero récord en cuanto a días sin Gobierno: 541 jornadas. Es solo una muestra de lo compleja que es la política belga. Actualmente, el Ejecutivo está formado por cuatro partidos, tres de ellos son flamencos, y el mayoritario es el N-VA, al que pertenece el polémico Francken.

Esa es la razón por la que el liberal y francófono Charles Michel, primer ministro del país, ha mantenido reacciones distintas a las del resto de los Estados miembros, con una llamada continua a la no violencia y a la política: en casa tiene que mantener el equilibrio del Gobierno con N-VA.

Ayer Michel se vio obligado a desmentir a Francken, asegurando que el asilo para Puigdemont no forma parte de la “agenda” del Gobierno belga. Pero con el ex presidente regional en el país la situación se complica: el partido flamenco debe decidir qué postura toma. Por lo pronto, el portavoz del partido, Bram Bombeek, asegura que no se encuentra en su sede de Bruselas.

Si Puigdemont pide asilo y el partido flamenco toma una posición activa, Michel se verá obligado a mover ficha y crear una crisis diplomática con España, o mantenerse firme en la posición de la UE y crear una crisis de Gobierno que haga caer al Ejecutivo belga. En caso de haber una euroorden, los tribunales belgas tendrán que decidir.

Francken es el mejor aliado del movimiento independentista en Bélgica. El secretario de Estado es un asiduo a las Diadas, y desde el 1 de octubre, la fecha en la que se celebró el referéndum ilegal y en la que se produjeron las imágenes de cargas policiales, el flamenco ha redoblado sus declaraciones.

Pero la figura de Francken está directamente relacionada con el hostigamiento a los refugiados: el flamenco envió cartas a solicitantes de asilo iraquíes invitándoles a no hacerlo.