Quien avisa no es traidor. La Comisión Europea lleva 18 años intentando que España cumpla la Directiva sobre depuración urbana de aguas residuales. Tras varios avisos, Bruselas sentó al país ante la Justicia europea, que hoy ha impuesto a Madrid una multa de 12 millones de euros más 11 millones por cada seis meses que retrase su cumplimiento del acervo comunitario.
