“Un prejuicio para la protección de la intimidad y la integridad de la persona”. Esa ha sido la razón con la que el Tribunal General de la UE (TUE) ha dado la razón al Parlamento Europeo tras negarse este a aportar los datos de las dietas de los eurodiputados. La justicia considera “datos personales” la información y cree que ese extremo prevalece sobre la posible “necesidad de transmisión” de ellos, ya que establecer “un debate público” no “basta para mostrar la necesidad”.