Según Bruselas, el sistema aplicado en España para valorar diferentes pastos habría generado un riesgo para los fondos Europeos de la Política Agraria Común (PAC): el coeficiente “histórico” de admisibilidad reflejaba la realidad de las superficies, pero no el “automático”. España recurrió porque entendía que la Comisión se había extralimitado en sus competencias.
