Bruselas ha vuelto a sentar a España en el banquillo de la Justicia europea. Esta vez la razón ha sido el incumplimiento de la Directiva de eficiencia energética, que exigía la instalación de contadores individuales de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en todos los pisos cuya instalación es colectiva. La medida se enmarca dentro de los objetivos para alcanzar el 20% de eficiencia energética en 2020 y con ella se pretendía reducir la factura de los consumidores.