El Gobierno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sigue poniendo las cosas difíciles a las instituciones comunitarias. La Administración estadounidense permitirá a ciudadanos estadounidenses reclamar las propiedades que fueron confiscadas durante la revolución en la isla. Esto afectará a muchas empresas europeas desplegadas en Cuba. La Comisión advierte de similares acciones o una denuncia a la OMC si se activa esta medida, que recoge la legislación de EE.UU.