El mecanismo de las instituciones europeas nunca frena y lo ha vuelto a demostrar. Durante la presentación del paquete de infracciones de julio, la Comisión Europea ha llamado la atención a varios países y España es uno de ellos. La situación de contaminación en Madrid y Barcelona no ha sido la única intervención desde el Berlaymont: la falta de aplicación de la ley de protección de datos que tenía que haber sido aprobada en 2018 ha provocado una fuerte reacción en Bruselas.