Los ministros de Justicia de la Unión Europea han dado este lunes el empujón definitivo a la normativa para la protección de los llamados “whistleblowers o confidentes”. La Directiva, que entrará en vigor en 2021, tiene por objetivo garantizar la protección de los empleados que denuncien actividades ilícitas o “abusos de Derecho” dentro de empresas y administraciones públicas, una lacra que supone entre 5.800 y 9.600 millones de pérdidas anualmente.