Ni los Estados miembros, ni las autoridades locales, ni la Comisión Europea llevan a cabo una política eficaz de lucha contra la contaminación de las aguas, ha afirmado el Tribunal de Cuentas. Insatisfactoria transposición de las directivas, incumplimiento de los estándares mínimos, falta de información necesaria para evaluar los progresos y pocos avances en el ámbito agrícola son algunos de los argumentos esgrimidos por el tribunal en su balance negativo. La Comisión ha contestado a las acusaciones relativizando los problemas e insistiendo en que todos los implicados, incluidas las autoridades españolas, han afirmado su deseo de mejorar la situación.