A día de hoy, la corrupción no se considera un delito que pueda dar lugar a medidas restrictivas específicas, por lo que el Parlamento ha adoptado una resolución que acoge con satisfacción el Régimen global de sanciones de derechos humanos de la UE, al tiempo que pide que se incluya la corrupción como delito punible, que puedan proponer casos de violaciones graves de derechos humanos y que introduzcan la votación por mayoría cualificada cuando se adopten las sanciones nacionales y una respuesta rápida y coordinada a las sanciones de represalia de terceros países.