El reglamento de condicionalidad presupuestaria es el único acto legislativo de la UE que vincula el respeto del Estado de derecho al acceso a los fondos de la UE. A pesar de que entró en vigor el 1 de enero de 2021, todavía no se han propuesto medidas al respecto y por eso, el Consejo Europeo pidió a la Comisión que retrasara la aplicación del reglamento mientras los Estados miembros lo impugnan en el Tribunal de Justicia de la UE hasta que la Comisión haya desarrollado directrices de aplicación específicas.