La Comisión Europea se pone seria con el lavado de dinero y lanza un paquete legislativo para evitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entre las medidas destacan límites de 10.000 euros para los pagos en efectivo, la creación de una autoridad especifica europea que podrá imponer multas en caso necesario y vigilará las transferencias transfronterizas y el control a los proveedores de criptomonedas.