La Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de la Directiva sobre aguas residuales urbanas, la cual, tiene como objetivo proteger el medio ambiente de los efectos adversos de las aguas residuales urbanas provenientes del sector doméstico y de ciertos sectores industriales. Según la Directiva, los pueblos y ciudades están obligados a establecer la infraestructura necesaria para recoger y tratar sus aguas residuales urbanas, eliminando o reduciendo así todos sus efectos indeseables cuando se vierten en cuerpos de agua.