La Unión Europea se ha propuesto que esta década marque un antes y un después en el desarrollo digital del bloque. Este impulso, al que se ha bautizado como Década Digital, llega con varios hitos que cumplir, entre ellos el avanzar en una Europa digital sostenible y competitiva.

De aquí al año 2030, Bruselas quiere que el 100% de las zonas pobladas estén cubiertas por el 5G y que todos los hogares tengan acceso a redes Gigabit. El impulso digital también llegará a las administraciones, ya que el Ejecutivo comunitario aspira a que el 100% de los servicios públicos y de administración pública estén disponibles en línea y que el 80% de los ciudadanos tengan acceso a la identificación digital.

La Unión Europea debe afrontar las enormes inversiones en infraestructuras de conectividad necesarias para alcanzar los objetivos de la Década Digital, que las telecos europeas, por sí solas, no pueden asumir. La competitividad y prosperidad futuras de Europa dependen de que se disponga de la infraestructura de conectividad y de la financiación adecuadas, para lo que es necesario buscar soluciones.

Europa está a 174.000 millones de euros de alcanzar sus objetivos de la Década Digital, de ser competitiva en un futuro digital y de hacer realidad su potencial económico.

Existe un importante debate sobre la mejor manera de financiar la infraestructura de conectividad de Europa, y en los últimos meses se ha entrado en una nueva fase donde conviene recordar que se presentaron 437 respuestas a la consulta pública de la Comisión Europea sobre el futuro de la conectividad en Europa.

Una parte del problema de financiación parte del profundo desequilibrio en la cadena de valor de Internet en Europa: los grandes generadores de tráfico (LTG) no pagan un precio justo por el servicio de entrega de su tráfico a través de las redes nacionales fijas y móviles de los operadores de telecomunicaciones.  Mientras tanto, estos servicios se prestan simplemente de forma gratuita.

DECLARACIÓN SOBRE DERECHOS DIGITALES

Por otro lado, el mandato del Parlamento Europeo recogido en la Declaración sobre Derechos Digitales se expresa en los siguientes términos «desarrollar marcos adecuados para que todos los agentes del mercado que se benefician de la transformación digital asuman sus responsabilidades sociales y contribuyan de forma justa y proporcionada a los costes de los bienes, servicios e infraestructuras públicos, en beneficio de todos los europeos».

Más adelante, el mandato también se reforzó en el Informe sobre la Competencia, ya que «pide el establecimiento de un marco político en el que los grandes generadores de tráfico contribuyan de forma equitativa a la financiación adecuada de las redes de telecomunicaciones».

Basándose en esto, la expectativa de los operadores de telecomunicaciones era que el debate se centrara en identificar la mejor solución para atraer las inversiones necesarias. Sin embargo, durante los últimos meses, el debate se alejó de un discurso orientado a la solución. En su lugar, los opositores negaron la existencia del problema financiero en primer lugar, o discutieron cuestiones que harían imposible abordar el problema.

Uno de los principales argumentos en juego en el debate es la clara identificación de un fallo del mercado que requiere una intervención reguladora, y la existencia de un déficit de inversión que exige una actuación política.

Los operadores de telecomunicaciones, y en particular Telefónica, han hecho un esfuerzo concertado para detallar este fallo del mercado, mediante pruebas económicas claras.

Para los operadores, el fallo de mercado es claro: la diferencia de poder de negociación entre los operadores y los grandes generadores de tráfico (LTG) les impide llegar a acuerdos justos sobre los términos y condiciones de los servicios que los operadores prestan a estos LTG.

Esto lleva a una situación en la que la baja contribución de los LTG a la financiación de las redes se hace insostenible para los operadores. Y ello a pesar de que gran parte de estas inversiones en la red son necesarias como consecuencia del enorme crecimiento del tráfico provocado por los servicios de estos mismos LTG.

El análisis económico realizado por Compass Lexecon, confirmó la existencia del fallo de mercado, y Telefónica espera que este detallado informe ayude a reorientar el debate para remediar el claro fallo de mercado y acelerar el camino de Europa hacia un futuro digital más competitivo.

DÉFICIT INVERSIÓN

La consulta pública de la Comisión Europea reconoció además la existencia de un déficit de inversión, estimado en 174.000 millones de euros. Desde hace tiempo existe un amplio consenso sobre el déficit de inversión en las telecomunicaciones europeas y su consiguiente impacto en la competitividad europea y el bienestar futuro de los ciudadanos.

Resulta sorprendente el escepticismo y rechazo de algunos agentes desde el inicio del debate sobre la contribución justa a la existencia de este déficit. Retrasar la adopción de medidas para cubrir este déficit de inversión significa condenar a Europa a una pérdida de competitividad y a quedarse atrás en la competencia tecnológica mundial. No hacer nada no puede ser una opción.

Además, quienes se oponen a la contribución justa aducen con frecuencia la neutralidad de la red como razón en contra de la solución propuesta. La Comisión Europea, los operadores y los agentes implicados insisten en que este debate no toca la neutralidad de la red.

Así, este argumento de la neutralidad de la red sigue siendo sorprendente, ya que las relaciones de pago entre los proveedores de contenidos y los operadores de telecomunicaciones siempre han existido: no hay nada en ninguna normativa sobre neutralidad de la red que sugiera lo contrario.

Lo singular es que el poder de mercado de determinados actores les permite exigir la prestación de un servicio de forma gratuita. Alinear la neutralidad de la red con el interés de los LTGs para no pagar por los servicios prestados, no tiene nada que ver con defender la Internet abierta, ni el derecho de los usuarios de Internet a acceder a todos los contenidos.

Todas estas cuestiones han dificultado el avance en un debate constructivo sobre cómo resolver los retos económicos del sector de las telecomunicaciones para afrontar el despliegue de las infraestructuras que el futuro digital de Europa precisa.

CONSUMIDORES

La propuesta de contribución justa planteada por los operadores pretende corregir el claro desequilibrio del mercado al tiempo que quiere ayudar a cubrir el déficit de inversión y proteger mejor a los consumidores.

El actual mercado de las telecomunicaciones funciona como si fuera un mercado de una única cara, donde sólo contribuyen los usuarios. La propuesta es convertirlo en un modelo de mercado de doble cara, en el que los demás agentes que se benefician de los servicios paguen un precio justo por ellos. 

Este nuevo modelo de pago permitiría disponer de más fondos para cumplir los objetivos de la Década Digital, ya que esperar que los consumidores y los operadores de telecomunicaciones se hagan cargo de toda la factura es un modelo hoy en día inadecuado.

Por otro lado, como parte del debate, también se ha cuestionado el impacto del crecimiento del tráfico en los costes de las redes de telecomunicaciones. El reciente informe de Arthur D. Little ofrece datos exhaustivos sobre el crecimiento del tráfico en los últimos años y las perspectivas de crecimiento futuro.

Los operadores invierten grandes cantidades de capital, no sólo en desplegar nuevas tecnologías de red y ampliar la cobertura de las redes existentes, sino también en aumentar la capacidad de éstas para gestionar el creciente volumen de tráfico.

Sorprendentemente, algunas empresas que hace muy poco hablaban de las importantes necesidades adicionales de tráfico y capacidad que requerirían los nuevos servicios digitales como web3 o el metaverso, niegan ahora esos mayores requisitos de capacidad.

OPERADORES RESPONDEN A LA COMISIÓN

Los operadores han remitido todos los datos pertinentes en su respuesta a la Comisión para sentar las bases y construir un debate exhaustivo basado en hechos, argumentos y datos. Esto se puede consultar en la web de la Iniciativa por una Contribución Justa, que ofrece toda la información pertinente sobre la propuesta y el debate en torno a la contribución justa.

Los operadores quieren adoptar un enfoque constructivo que les permita avanzar en la búsqueda de una solución eficaz para financiar las infraestructuras de conectividad de Europa. Retrasar el debate y no hacer nada no puede ser una opción, ya que está en juego la competitividad de Europa.

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