Los negociadores de la presidencia española y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo político sobre una ley de la UE sobre recuperación y confiscación de activos. La nueva directiva establece normas mínimas a nivel de la UE sobre rastreo, identificación, embargo, confiscación y gestión de bienes delictivos. Impulsará las capacidades de los Estados miembros para luchar contra el crimen organizado.