La historia se repite cada verano en el Mediterráneo. Las capitales europeas siguen incapaces de consensuar una Política de Asilo que aporte algún rayo de orden al caos migratorio. El Open Arms ha sido el último barco en quedar atrapado en las diferencias insalvables de los Estados miembros. El navío con bandera española acaba de atracar en Lampedusa tras el pulso de Salvini con el Gobierno español.
Más de 100 personas perdieron la vida la semana pasada en las costas de Libia y cerca de 130 fueron rescatadas. Se trata de la mayor tragedia en lo que va de año y ha puesto todos los focos sobre Europa y su política de acogida y rescate. Con Italia cerrando los puertos y otros países afrontando posibles multas por no aceptar el número acordado de refugiados, la UE debe cubrir varios frentes mientras la ONU pide que se reanuden las labores de salvamento marítimo en el Mediterráneo.
Paris daba cita el lunes a los ministros de Exteriores e Interior de la UE para buscar una solución conjunta al reto migratorio. El agravamiento de la situación en Libia y el continuo tránsito de barcazas por el Mediterráneo han aumentado la presión sobre los Estados miembros, que siguen sin llegar a un acuerdo para un reparto solidario de las personas rescatadas. Por el momento, 14 países han dado el visto bueno a un mecanismo presentado por el eje franco-alemán, aunque se desconocen los detalles.
La crisis migratoria ha vuelto a dividir al Pleno. Este miércoles los eurodiputados han abordado la situación en el Mediterráneo poniendo sobre la mesa propuestas que van desde la creación de un salvamento marítimo público europeo a la militarización del mar para impedir la llegada de flujos migratorios. En lo que sí hay consenso es en acabar con las soluciones ad hoc en búsqueda de una respuesta global.
A principios de junio un grupo de abogados presentó un informe ante la Corte Penal Internacional (CPI) acusando a la UE por crímenes contra la humanidad por su política migratoria. El documento apunta la responsabilidad comunitaria por la pérdida de más de 14.000 vidas en el Mediterráneo. Este jueves, Juan Branco y Omer Shatz, dos de los abogados que firman el escrito, han llegado al Parlamento Europeo para mostrar su inquietud ante la falta de respuesta desde La Haya.
Este miércoles los canales de Estrasburgo han amanecido con una lancha de Open Arms navegando sus aguas. La ONG española se ha trasladado a las puertas de la Eurocámara para “desembarcar” el debate de la criminalización de la ayuda humanitaria un día después de la liberación de Carola Rackete, capitana del Sea Watch 3. Coincidiendo con el arranque de la legislatura, varios eurodiputados se han concentrado para exigir a la UE que abra sus puertos a los refugiados.
La madrugada del sábado, Carola Rackete, capitana del Sea Watch 3, tomó la decisión de levar anclas y dirigir el barco humanitario con 40 migrantes a bordo hacia el puerto de Lampedusa.La alemana ha alegado “estado de necesidad” para contradecir las órdenes de las autoridades italianas, que continúan con su política de ‘puertos cerrados’. Ahora Rackete enfrenta una pena de hasta 12 años de prisión y la ONG una multa de 50.000 euros.
Amenazas de despido y deportación cuando piden su salario, ser sometido a abusos verbales y amenazas, o dormir en contenedores de transporte sin agua ni electricidad son algunos ejemplos de la explotación laboral grave que sufren los migrantes en Europa. Así lo demuestra el cuarto informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales, que lanza un mensaje claro a la Unión Europea: es “necesario” y “urgente” actuar.
El Tribunal de Derecho Humanos de Estrasburgo ha rechazado la llamada del buque Sea Watch 3, que suma dos semanas en el Mediterráneo con 42 migrantes a bordo, para obligar al Gobierno italiano a autorizar su desembarco. Para la corte “no hay riesgo inminente de daños irreparables". Entretanto Salvini advierte que por él “pueden quedarse ahí hasta Navidad o Año Nuevo. A Italia no llegarán”.
Hace justo un año la UE celebraba una cumbre de emergencia para acercar posturas sobre la crisis migratoria. Doce meses después, las diferencias entre las capitales europeas hacia los refugiados se han demostrado insalvables, y la UE se ha centrado en batallas que sí podía librar. Así las cosas, nada cambia a nivel político y poco lo hace el Mediterráneo. Un nuevo barco con migrantes a bordo, el Sea Watch 3, lleva doce días a la deriva frente a costas italianas.
Hace cuatro años casi un millón de personas tocaban a las puertas de la UE en busca de un lugar seguro. Era 2015 y la crisis de los refugiados pilló al Viejo Continente con el pie cambiado. Los Veintiocho no fueron capaces de dar una respuesta a los solicitantes de asilo y desde entonces las diferencias entre las capitales europeas al respecto no han dejado de aumentar. Aquí Europa pone la lupa sobre las luces y sombras de los Estados miembros en materia migratoria.
El Bundestag, Parlamento alemán, ha aprobado una batería de medidas migratorias que tienen el objetivo de, por un lado, acelerar las deportaciones de migrantes y, por el otro, facilitar el acceso de aquellos considerados "cualificados" al mercado laboral germano. Las leyes han contado con el apoyo de los diputados de la gran coalición, pero han sido duramente criticadas por La Izquierda y Los Verdes.
La Corte Penal Intenracional (CPI) debe investigar la política migratoria de la Unión Europea y de sus Estados miembros por crímenes contra la humanidad durante los últimos cinco años. Es la denuncia que un grupo de abogados ha presentado este lunes en La Haya acusando a la Unión de una estrategia premeditada. Desde Bruselas defienden que su prioridad siempre ha sido salvar vidas en el Mediterráneo.
"La migratoria puede crear fisuras más profundas en la UE que las causadas por la crisis del euro", es el análisis que se escucha con frecuencia en los pasillos de Bruselas. Los últimos cinco años dejan un sabor amargo sobre la gestión comunitaria en el drama migratorio. La UE ha sido incapaz de hacer frente al caos del Mediterráneo o al auge del discurso xenófobo y deja un legado donde el único acuerdo es que hay que demasiado desacuerdo entre las capitales.
El 20 de marzo de 2016 entró en vigor el acuerdo UE-Turquía, un pacto que se creó con el objetivo de intentar buscar soluciones efectivas ante la llegada de más de 910.000 refugiados a Europa en 2015. Tres años después del acuerdo, las valoraciones sobre los resultados del acuerdo son agridulces: para la Unión Europea ha sido un “éxito”; para las ONGs, un “fracaso”.
“En los últimos 4 años hemos avanzado y mucho. No obstante, el punto de partida sigue siendo el mismo: ningún Estado puede resolver el tema migratorio solo”, ha señalado este miércoles Dimitris Avramopoulos, comisario de Migración. Bruselas saca pecho con los refugiados antes del último Consejo Europeo de esta legislatura y de las elecciones europeas de mayo. No obstante, aunque llegan menos refugiados, mueren más y las capitales europeas siguen incapaces de reformar su Política de Asilo.
El estrecho de Gibraltar se ha convertido en la puerta principal de entrada a la UE. En su último informe, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) confirma que la migración irregular sigue cayendo en cifras totales, aunque aumenta en las rutas del Mediterráneo Oriental y Occidental. Bajo el punto de mira están también la crisis en Venezuela y el desenlace de la guerra en Siria, considerados potenciales focos de desplazamientos hacia Europa.
Giuseppe Conte ha acudido a Estrasburgo para un nuevo debate sobre el futuro de Europa. El primer ministro de Italia ha pedido “acercar los gobernantes a los gobernados”, y ha expresado la necesidad de la UE como proyecto, aunque sea una Unión un tanto diferente: ha pedido en una solución “duradera y eficaz” a la crisis migratoria y se ha mostrado contra la austeridad como la forma de afrontar los problemas económicos. Algunos eurodiputados han calificado a Conte una "marioneta" de Salvini y Di Maio.
Se cumplen dos años del acuerdo entre Italia y Libia bendecido por la UE por el cual los guardacostas del país tienen el mandato de retornar a refugiados y solicitantes de asilo antes de que sus barcazas llegasen a aguas internacionales. 5.300 personas han perecido desde entonces en el Mediterráneo, 4.000 de ellas en el Mediterráneo Central.
Llegan menos refugiados y migrantes a las costas europeas, pero mueren más. Es la última conclusión del informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) que estima que durante el año que acabamos de dejar un promedio de seis personas perdieron la vida en las aguas del Mediterráneo intentando alcanzar el Viejo Continente. En la ruta que conecta el norte de África con España, las muertes pasaron de 202 a 777.
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