Según la legislación española, los ciudadanos tienen un mes para formular su oposición contra las ejecuciones hipotecarias, que comienza a contar desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Tribunal de Justicia de la UE considera que el plazo es adecuado, pero ha señalado que comienza a contar sin que los afectados sean informados personalmente, lo que va en contra del Derecho de la Unión.