El Consejo ha decidido hoy extender por un año las sanciones a Burundi ante la falta de progresos en la solución política del conflicto y el final de la violencia. Desde octubre de 2015 la UE mantiene estas medidas restrictivas debido a la violencia desatada por la decisión del presidente Pierre Nkunziza de presentarse a un tercer mandato. 328.000 burundeses son actualmente refugiados en los países vecinos.