Hace cuatro años casi un millón de personas tocaban a las puertas de la UE en busca de un lugar seguro. Era 2015 y la crisis de los refugiados pilló al Viejo Continente con el pie cambiado. Los Veintiocho no fueron capaces de dar una respuesta a los solicitantes de asilo y desde entonces las diferencias entre las capitales europeas al respecto no han dejado de aumentar. Aquí Europa pone la lupa sobre las luces y sombras de los Estados miembros en materia migratoria.

Alemania: de recibir miles de inmigrantes a facilitar sus deportaciones

El 31 de agosto de 2015, Angela Merkel, canciller alemana, pronunció su famoso “Podemos hacerlo”. Unos días antes, el Gobierno Federal había decidido suspender los acuerdos de Dublín para ciudadanos sirios, permitiendo así que los refugiados de ese país ya no tuvieran que ser enviados de vuelta al primer país de la UE en el que entraran. Como dijo la canciller, era “deber nacional” dar una respuesta digna a estas personas. Meses después, el Parlamento alemán cambió la ley de asilo, designando a Albania, Kosovo y Montenegro como países seguros de origen.  A finales de 2015, más de 890.000 solicitantes de asilo habían llegado al país y Alemania se estaba convirtiendo en un ejemplo del 'Welcome Refugees'.

Sin embargo, la política de puertas abiertas llevada a cabo por Merkel se topó con la oposición interna germana y externa en Europa. El principal quebradero de cabeza vino de la mano de las cuotas de refugiados obligatorias que la canciller amadrinó junto a la Comsión Europea. Desde Bruselas dictaminaron que el país germano debía acoger a 27.536 personas, a 4 de septiembre de 2017, 7.852 habían sido reubicadas desde Grecia e Italia. Aunque si bien la cifra queda lejos de lo marcado, hay que tener en cuenta el gran número de personas que fueron acogidas por Alemania antes de esa fecha: 890.000 solicitantes de asilo, el primer país europeo.

El otro giro de guion de las políticas migratorias quedó de manifiesto la semana pasada. Ante la presión migratoria, el Bundestag aprobó una batería de siete medidas migratorias con un objetivo claro: migrantes sí, pero formados. En otra medida paralela, allanó el terreno para acelerar las deportaciones de migrantes. Durante estos cinco años Merkel ha estado a una fuerte presión desde sus socios bávaros de la CSU y las fuerzas xenófobas crecientes en su país y en varios de la UE. 

Fuente: Cristina Pita da Veiga

España: las promesas que no llegan

España se ha convertido en el último año en la principal puerta de entrada de refugiados y migrantes a la Unión Europea. Tras la llegada del Pedro Sánchez al gobierno en 2018, el país pareció dar un giro abriendo sus puertos al barco Aquarius -con más de 600 personas a bordo- después de que Italia le cerrara sus puertas. Pero poco después paralizó el Open Arms en Barcelona o calló ante la deriva de otros buques como el Sea Watch. España ha acogido a 1.257 de los 9.323 que le correspondían según las últimas cifras de la Comisión Europea publicadas tras el fin de las cuotas en 2017.

Fuente: Cristina Pita da Veiga

Francia: refugiados sí, pero con control

La República francesa ha conjugado su papel de garante de los derechos humanos con un discurso cargado de pragmatismo: refugiados sí pero con control. El punto más caliente del país se vivió en 2015, cuando un campamento improvisado de migrantes se concentró a las afueras de la ciudad portuaria de Calais llegando a acumular más de 10.000 personas. Bautizado como ‘la Jungla’, este campo se convirtió en el segundo más grande de la UE después de Grecia y servía de tránsito a los migrantes que esperaban una oportunidad para cruzar el canal de la Mancha y llegar al Reino Unido. Tras convertirse en el foco de la prensa internacional, Francia desmanteló el campamento en 2016 con altercados violentos y, desde entonces, procura que no se vuelvan a crear puntos calientes que llamen la atención sobre el país.

Varias organizaciones internacionales, como Help Refugees o Amnistía Internacional han denunciado los abusos de las autoridades hacia los migrantes que todavía deambulan en la zona con el objetivo de evitar a toda costa que reaparezca un nuevo asentamiento. Paralelamente, Paris y Londres firmaron en 2017 un acuerdo fronterizo de 50 millones de euros para que el primero haga de ‘perro guardián’ y fortalezca la valla que separa el puerto de la ciudad. En cuanto a las cuotas obligatorias, la República tan solo acogió a 4.278 refugiados de los 19.714 a los que se había comprometido.

Macron llegó al Elíseo con un discurso férreamente europeísta, pero ante la crisis migratoria, una de las más profundas de la UE, ha mantenido un perfil bajo.

Fuente: Cristina Pita da Veiga

Grecia: el foco de llegada del Mediterráneo Oriental

En la retina de buena parte de los europeos pervive la imagen de Aylan Kurdi. Aquel pequeño niño sirio, cuyo cuerpo fue arrastrado por el mar hasta una playa turca en un intento fallido de alcanzar Grecia, marcó un antes y un después, y escenificó una realidad: la desesperación de miles de personas y niños para alcanzar Europa. Desde entonces, la sociedad civil y las ONG se pusieron manos a la obra, y empezaron a surgir en Grecia campamentos de acogida, como el de Moria, en la isla griega de Lesbos. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes: los campamentos no solo no cumplen las condiciones mínimas de higiene y seguridad, sino que están totalmente desbordados.

El 18 de marzo de 2016, los dirigentes de la UE y de Turquía alcanzaron un acuerdo. Los líderes acordaron que toda persona que llegase de manera irregular a las islas griegas sería devuelta a Turquía, solicitantes de asilo incluidos. A cambio, el país del Bósforo recibiría "inicialmente" 3.000 millones de euros para poder atender a los refugiados que acogiesen y los nacionales turcos podrían viajar a Europa sin visado. Varias organizaciones de la sociedad civil han cuestionado la carga moral de este pacto obligando y la externalización de la responsabilidad europea. 

Fuente: Cristina Pita da Veiga

Hungría: la oficialización de la xenofobia

Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, ha colocado a los refugiados en el centro de su agenda política. Pero fue en 2015 cuando la particular cruzada del líder xenófobo y nacionalista alcanzó su máximo apogeo. El Gobierno de Orbán construyó una valla de cuatro metros de alto a lo largo de los 175 kilómetros de frontera que separan al Estado miembro de Serbia. El muro de la vergüenza, que este año acogió un mitin del jefe del Ejecutivo húngaro con su socio Salvini, frustró las aspiraciones de la caravana de refugiados que, hace ya cuatro años, intentaba atravesar el viejo continente para poder alcanzar los países prósperos del centro y norte de Europa.

Hungría es el país que más abiertamente rechaza a los refugiados. Y buena parte de la responsabilidad reside en el Gobierno de Orbán. Sus campañas antieuropeas y antiinmigración, con carteles por las calles y anuncios a toda página en periódicos húngaros, han fomentado una xenofobia sin precedentes en el Estado miembro que, paradójicamente, cuenta con menor porcentaje de población extranjera en toda la Unión Europea, con apenas un 1,6%. Orbán sigue centrando su campaña en defender a sus compatriotas del “enemigo” invasor. Y mientras tanto, la cifra de migrantes que entran en el país se ha reducido de los 5.000 diarios de hace cuatro años a apenas unos 20 actualmente. La Justicia europea ha dado la razón a la Comisión Europea en su disputa con Hungría y Eslovaquia sobre las cuotas de acogida.

Fuente: Cristina Pita da Veiga

Italia: discriminación y "cierre de puertas"

El cierre de la puerta turca implica la explosión de la ruta Occidental -que conecta principalmente Italia y Libia. Poco después llega el Gobierno de coalición entre la xenófoba Liga Norte y el populista Movimiento 5 Estrellas cierra sus puertos a los barcos de rescate con inmigrantes a bordo que piden atracar en el país transalpino. El Ministerio de Interior capitaneado por el xenófobo Matteo Salvini exige que los puertos de desembarco de inmigrantes roten a países como España y va un paso más allá bloqueando la Operación Sofía, única operación militar de la UE en el Mediterráneo. 

Mediante el uso del poder de veto en la UE, el Gobierno italiano se impuso: la misión militar europea ya no podía contar con buques que patrullasen las aguas mediterráneas. Esta situación se ha transformado en la consolidación de Salvini, que está impulsando una peligrosa dinámica de criminzalización de la ayuda humanitaria, defendiendo la imposición de multas a aquellos que salgan a alta mar para salvar vidas y regresen a puertos italianos. 

Fuente: Cristina Pita da Veiga

Suecia: el fin de la utopía nórdica

Históricamente los países escandinavos han sido un referente en cuanto a políticas sociales y de acogida se refiere. Sin embargo, la crisis de refugiados de 2015 ha supuesto, más bien, el comienzo del fin de la solidaridad nórdica. Aunque Suecia se convirtió en uno de los países que más refugiados acogió en el año de más virulencia de la crisis, con más de 160.000 personas llegando hasta el país, tras el acuerdo alcanzado para la relocalización de los refugiados procedentes de Grecia e Italia, el Gobierno de Estocolmo quedó muy lejos de las expectativas. Solo 1.903 refugiados llegaron entonces, una cifra ligeramente superior a la mitad de lo inicialmente planteado.

La principal explicación para este cambio de paradigma reside en el cambio político que se produce en los últimos años en la región más septentrional del continente europeo. El auge de los partidos de extrema derecha se ha convertido en una tendencia bastante asentada entre los países escandinavos que, unidos al aumento en los índices de criminalidad, han encontrado un blanco perfecto en el eslabón más débil de la cadena, los refugiados. El golpe definitivo lo asestó el Gobierno, de corte socialista, en 2016 con la aprobación de una "ley temporal de restricciones". Esta legislación, en vigor hasta el próximo mes de julio, reduce los permisos de residencia a 3 años- cuando antes eran permanentes- para las personas que gozan de algún tipo de protección internacional y liga el derecho de reunificación familiar a criterios económicos y de residencia.

Fuente: Cristina Pita da Veiga