España recibirá ayuda financiera de los Fondos de Cohesión para cofinanciar 52 proyectos relacionados con el medio ambiente o los transportes. La Comunidad Europea sufragará el 80 u 85% del coste total de cada uno de ellos. La línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa será la que más ecus reciba
Los centros de enseñanza superior y los institutos de investigación de Cataluña se benefician cada año de unos 6.700 millones de pesetas de los fondos de la Unión Europea. La mayor parte del apoyo financiero se logra a través del Programa Marco para la Investigación, mientras las otras partidas importantes provienen del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo. El importe destinado a los programas Sócrates, Leonardo Da Vinci y Juventud para Europea no alcanza el 2% del total de la ayuda comunitaria en este ámbito.
La Comisión Europea considera que los impuestos españoles sobre la renta y el patrimonio son acordes a la legislación comunitaria porque no discriminan en función de la nacionalidad, sino que se basan en la condición de residente o no residente. Así lo ha asegurado Mario Monti, comisario de Mercado Interior, ante la tercera pregunta escrita que le ha sido enviada desde el Parlamento Europeo sobre la misma cuestión.
La Comisión Europea ha tomado nuevas medidas de protección tras la extensión en España de la peste porcina clásica a Zaragoza y Sevilla. A partir de ahora, siete comarcas de estas provincias se unirán a las zonas de Lérida, Madrid, Segovia y Toledo que ya tienen prohibido el comercio de cerdos.
La Unión Europea podría cofinanciar parte de las obras hidráulicas que la compañía estatal ACESA tiene previsto realizar en la cuenca del Ebro. Según la comisaria de Política Regional, Monika Wulf-Mathies, los trabajos que se emprenderán son en conjunto elegibles para los subsidios del Fondo de Cohesión, aunque ciertas reparaciones concretas posteriores deberán ser analizadas caso por caso.
La Comisión Europea ha interpuesto un recurso contra España ante el Tribunal de Justicia por no transponer adecuadamente la directiva sobre financiación de las inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y aves de corral.
Los ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) se han reunido en Bruselas en Consejo para seguir debatiendo los progresos logrados en los aspectos económicos y financieros de la Agenda 2000, sin que haya habido variaciones. Mientras que Alemania y otros Estados insisten en un mecanismo de compensación por sus altas contribuciones al presupuesto de la UE, España mantiene que los recursos de los que se nutren las arcas comunitarias deben reflejar la riqueza relativa y por lo tanto el esfuerzo progresivo de los países que conforman la Unión. Para el ministro español de Economía, Rodrigo Rato, el debate sobre retornos netos no clarifica las posiciones y no está contemplado en el Tratado.
La Comisión Europea quiere mejorar la eficacia y flexibilidad de los mercados de servicios financieros en la Unión, y en especial de uno de los más importantes: los planes de pensiones complementarios. Con este objetivo, el comisario responsable en la materia ha presentado a los ministros de Economía de la Unión los pasos que se deberían seguir. El representante español, Rodrigo Rato, ha valorado positivamente la propuesta, considerando que "es bueno complementar los sistemas públicos de pensiones en Europa y en España".
Los Quince han alcanzado una posición común para que en el año 2000 se introduzca en la UE el sistema coordinado de telecomunicaciones móviles e inalámbricas (o UMTS). Este sistema, también denominado de tercera generación, sucederá al ya conocido GMS y permitirá numerosas ventajas para los ciudadanos, como por ejemplo una cobertura supraeuropea. España, que tenía dificultades con el cumplimiento de los plazos, y las dos delegaciones más beligerantes, Francia e Italia, se han mostrado finalmente de acuerdo con la propuesta de la Comisión porque fija el año 2000 para la introducción del nuevo sistema pero con la posibilidad de una prórroga de 1 año para la concesión de licencias a los operadores.
Si España tuviera el mismo índice de piratería informática que Estados Unidos, se podrían crear unos 27.000 nuevos puestos de trabajo en el sector del software en los próximos cuatro años. Según un estudio presentado por la Business Software Alliance, reducir el índice de piratería español del 65% al 27% generaría además casi 200.000 millones de pesetas de impuestos suplementarios antes del 2001. Toda Europa occidental sufre un alto grado de piratería, 43% en 1996, pero las cifras para la Europa oriental son aún más preocupantes, ya que alcanzan un 80%.
Los créditos del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) destinados a Cataluña, a través de la Sección Garantía, alcanzaron en 1997 unos 41.000 millones de pesetas. La Comisión Europea dispone desde el año pasado de datos sobre el reparto por comunidades autónomas de los créditos del FEOGA, ya que hasta entonces sólo se conocían las cifras a escala estatal.
Los Quince han llegado a un acuerdo sobre el llamado "reglamento de la fresa". Con él, la Comisión Europea podrá actuar más rápidamente en caso de que se produzcan obstáculos a la libre circulación de mercancías en algún Estado miembro de la UE. El Secretario de Estado de Economía, Ramón de Miguel, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo, que ha sido unánime, ya que el reglamento agilizará las represalias contra Francia si se producen nuevos vuelcos de camiones españoles. En sólo quince días, el país infractor podrá ser llevado al Tribunal de Justicia.
El nuevo "scoreboard" o cuadro de indicadores sobre el Mercado Único ha sido presentado el día 18 por la Comisión Europea al Consejo de Ministros de la UE. Los Quince, según el secretario de Estado español de Economía, Ramón de Miguel, habrían "felicitado" a España, uno de los Estados miembros que más progresa al haber notificado ya la transposición del 90% de las directivas previstas.
El Consejo de Mercado Interior del día 18 se cerró con un debate "interesante" pero poco fructífero, como ya es costumbre, sobre el estatuto de la Sociedad Europea. Lo único que han acordado los Quince es seguir trabajando sobre el texto en el Coreper y esperar al próximo Consejo de Asuntos Sociales, que analizará uno de los temas más controvertidos del estatuto: el nivel de participación de los trabajadores en las empresas.
Los Quince podrían llegar el día 19 a un acuerdo sobre la introducción en la UE de un sistema coordinado de telecomunicaciones móviles e inalámbricas (el llamado UMTS). También llamado "de tercera generación", este nuevo sistema ofrecerá a los ciudadanos numerosos servicios multimedia para los que no está preparado el actual GSM. España estará atenta a dos puntos del debate: los plazos para la introducción del UMTS y su extensión geográfica gradual o inmediata.
Un largo almuerzo no ha servido a los Quince para llegar a un acuerdo sobre la introducción de grasas vegetales en el chocolate. Esta cuestión, objeto de debate en muchas otras reuniones de los Quince, enfrenta a los países que lo consideran una adulteración inapropiada con los que opinan que debe permitirse. España, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, y Bélgica están entre los primeros, aunque han flexibilizado sus posturas con la intención de llegar a un acuerdo.
Los ministros de Mercado Interior de la Unión Europea aprovecharán el almuerzo del próximo día 18 para discutir sobre un tema algo más que culinario: la introducción de grasas vegetales en el chocolate. Algunos países no quieren permitirlo; sin embargo, podría haber acuerdo siempre que la "adulteración" venga recogida en la etiqueta.
Los Quince debatirán de nuevo el próximo 18 de mayo uno de los temas "arrastrados" de Consejo en Consejo desde hace años: el estatuto para la Sociedad Europea. Este tipo de compañía (formada por entidades de al menos tres Estados miembros, con carácter transnacional... etc.) ha enfrentado tradicionalmente a nórdicos y países mediterráneos de la UE por el nivel de participación de trabajadores que debe contemplar: cogestión o simple consulta. Pero un nuevo punto va a provocar todavía más discordia: Gibraltar como autoridad competente para controlar y comunicar la creación de estas empresas. España dice no y Reino Unido dice sí; en estas condiciones, poco puede hacerse para aprobar el texto, aunque queda la posibilidad de alcanzar acuerdo.
El próximo día 18, los Quince podrían alcanzar un acuerdo sobre el reglamento que permitirá a la Comisión Europea actuar más rápidamente en caso de obstáculos en algún Estado miembro a la libre circulación de mercancías. El tema es de gran importancia para España, pues serviría para presionar más pronto y con mayor peso a Francia en caso de nuevos vuelcos de camiones españoles en su territorio. De hecho, el reglamento es conocido coloquialmente como "reglamento de la fresa".
Las futuras relaciones de la UE con los Estados ACP (Africa, Caribe y Pacífico) es el tema principal de la agenda del consejo de ministros de Desarrollo que tendrá lugar el próximo lunes en Bruselas. El vigente Convenio de Lomé, que regula las relaciones entre la Unión Europea y 71 países ACP (la mayoría ex-colonias europeas), finaliza el 28 de febrero del año 2000; por ello, el próximo 30 de septiembre se iniciarán las negociaciones para el futuro Convenio, o convenio Post-Lomé que ha de regir las relaciones entre las dos regiones a partir del nuevo milenio. Esto obliga a los Quince a tomar una decisión por unanimidad, ya que si no este convenio de cooperación tan importante podría desaparecer.
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