Los fabricantes de productos farmacéuticos que han sido comercializados en España por una sociedad que goza de una patente en cualquier otro país miembro de la Unión Europea, no podrán impedir que otra sociedad compre en España estos productos y los comercialice en su país de origen. Esta es la conclusión que se desprende de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia europeo, en un asunto en el que varias compañías farmacéuticas demandaban a la Comisión por haber impedido a Francia, Bélgica, Alemania, Austria, Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña adoptar medidas de salvaguarda contra determinadas importaciones procedentes de España.
La Comisión Europea ha concedido un total de 13,4 millones de ecus para proyectos relativos a la protección de los bosques contra la contaminación atmosférica y los incendios forestales. Estas acciones se basan en las regulaciones del Consejo de Ministros extendidas hasta el año 2001 por las cuales los Estados miembros pueden realizar proyectos cofinanciados por la Unión.
Los eurodiputados españoles se han opuesto enérgicamente a cualquier recorte de los Fondos Estructurales y de Cohesión para hacer frente a la ampliación de la Unión Europea a los países del Este, medida que reduciría drásticamente para España estas fuentes de financiación. José Manuel García-Margallo, del PP, ha presentado un informe de opinión a la comisión Económica y Monetaria del Parlamento Europeo, primer foro de discusión de las perspectivas financieras de la Unión, en el que se sostiene que la ampliación no puede reducir lo más mínimo el acervo comunitario.
La Comisión Europea ha condenado las destrucciones de frutas y hortalizas procedentes de España por agricultores franceses, en su respuesta a una pregunta formulada por el diputado europeo José Manuel García-Margallo, del PP. El ejecutivo comunitario responsabiliza de estos actos vandálicos a las autoridades francesas, por su inacción.
La Comisión Europea ha decidido tomar medidas contra España, Francia, los Países Bajos y Grecia por incumplir la sexta directiva relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, IVA. Si tras las opiniones motivadas que se han notificado, estos Estados no toman las medidas necesarias en los próximos dos meses, la Comisión recurrirá al Tribunal Europeo de Justicia. En el caso de España se trata concretamente de la exoneración de este impuesto sobre las importaciones de material militar.
La comisión ha aprobado la entrega de 11 millones de ecus procedentes del Fondo de Cohesión para un proyecto de saneamiento del territorio del Aljarafe, en las inmediaciones del parque de Doñana. Se han anunciado además nuevas financiaciones de hasta el 85% para proyectos medioambientales en Irlanda, Portugal y Grecia, los otros tres países que también se benefician del Fondo.
La Comisión Europea ha prohibido la concesión por parte del gobierno español de una serie de ayudas para fomentar el arrendamiento de tierras. Los fondos se incluían en un proyecto nacional para la mejora y la modernización de las explotaciones agrícolas.
La Comisión Europea presentará un recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia contra España, por defecto en la adopción y comunicación de varias normas nacionales requeridas por la legislación comunitaria relativa a organismos genéticamente modificados. Portugal, Luxemburgo y Alemania son otros tres países que serán denunciados ante el Tribunal de Justicia por el mismo motivo.
La Comisión Europea ha decidido tomar medidas contra España, Portugal e Italia por no respetar ciertas directivas comunitarias relativas a la protección del medio ambiente. En lo que concierne a España, la Comisión ha notificado una opinión motivada por no adaptar completamente la directiva comunitaria referente a la protección de aves salvajes.
La Comisión Europea ha decidido tomar medidas contra España, Portugal, Italia, Alemania y Grecia por no respetar la Directiva sobre el Acceso a la Información Medioambiental. A pesar de las advertencias, estos países no presentaron los correspondientes informes a la Comisión sobre los avances logrados con la implantación de la directiva antes de finales de 1996. Además ha notificado dos "Opiniones Motivadas" a España por considerar que existen graves deficiencias en la implantación de esta directiva en la legislación española.
La Comisión Europea ha decidido iniciar acción legal contra España, Luxemburgo, Grecia y Bélgica por incumplir varias normas de la legislación europea sobre vertidos. En el caso de España y Bélgica, se trata de los dispositivos de seguridad de las pilas para reducir el impacto de los vertidos de éstas en el medio ambiente. El caso contra Luxemburgo concierne a los residuos de embalaje, y contra Grecia se refiere a la seguridad en la destrucción de los vertidos peligrosos.
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