La instalación de una planta incineradora de residuos especiales en Tarragona y cinco proyectos de restauración medioambiental en las cuencas del Duero, del Norte, del Ebro, del Júcar y del Guadiana contarán con una financiación comunitaria de cerca de 91 millones de ecus (unos 14.700 millones de pesetas) del Fondo de Cohesión.
Un total de 146 proyectos pilotos regionales y urbanos, dirigidos a explorar nuevas vías de desarrollo económico y social, van a repartirse un montante de 103 millones de ecus procedentes del Artículo 10 de los Fondos Estructurales de la UE. Entre los proyectos seleccionados figuran varios españoles que benefician al País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Castilla y León, Andalucía y Canarias. La forma en que estas convocatorias han sido tramitadas por la Comisión Europea ha causado malestar entre los participantes. AQUI EUROPA ya adelantó hace unas semanas el resultado, todavía no público, de las <a href="LINK">acciones innovadoras de desarrollo urbano</a>, que benefician a cinco ciudades españolas.
La Comisión Europea ha decidido notificar dictámenes motivados contra España por no adoptar en su legislación nacional las directivas sobre las embarcaciones de recreo. La decisión ha sido tomada basándose en el artículo 169 del Tratado de la UE. Además, la Comisión notificará estos dictámenes contra Irlanda, Bélgica Italia, Austria, Portugal, Grecia y Luxemburgo por incumplir varias directivas sobre productos industriales.
El 55% de los Fondos de Cohesión de la UE fueron para España en 1996. Los 1.340 millones de ecus recibidos por España se destinaron fundamentalmente a proyectos medioambientales relativos al agua y a proyectos de carretera. La distribución del 45% restante de los fondos se efectuó según la proporción prevista, correspondiendo un 18% a Grecia, un 18% a Portugal y un 9% a Irlanda. Así lo ha confirmado la Comisión Europea en el primer balance sobre los Fondos de Cohesión en 1996.
La Unión Europea cofinanciará la primera fase del proyecto de saneamiento integral de la bahía de Santander, destinada a la instalación de una red de alcantarillado para recoger las aguas residuales industriales y urbanas de la capital cántabra y de otros dos municipios vecinos: Camargo y Astillero. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) aportará aproximadamente 18 millones de ecus, es decir, el 70% de la inversión global de esta primera fase.
La Comisión Europea ha aprobado una ayuda de 149 millones de ecus del Fondo de Cohesión destinada a dos proyectos del sector de las infraestructuras de transportes en España. Los proyectos son el tramo Atalaya del Cañavete-Motilla del Palancar en la autovía Madrid-Valencia, y el tramo Benavente-Camarzana de Tera en la autovía de las Rías Bajas. El coste total subvencionable de estos dos proyectos es de 157 millones de ecus y el porcentaje de la ayuda del Fondo de Cohesión a ambos proyectos es del 85%.
La Comisión Europea ya ha decidido qué proyectos piloto urbanos serán cofinanciados por la UE en el marco del Artículo 10 de los fondos FEDER, después de varios meses de retraso en la resolución. De los cerca de 80 proyectos españoles que fueron presentados, sólo cuatro ciudades han resultado seleccionadas: Bilbao, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y León. Todas ellas combinaron en sus propuestas propósitos socioeconómicos y medioambientales. Así, nuestro país es el que más fondos conseguirá, junto con Alemania e Italia, que también verán financiadas 4 de sus iniciativas (de un total de 26 para toda Europa).
La Comisión Europea ha decidido cofinanciar 188 nuevos proyectos medioambientales para 1997 dentro del marco del Programa LIFE II. La cantidad total de la contribución comunitaria será de 90,2 millones de ecus para los tres sectores del programa: "Medio Ambiente" (43,6 millones de ecus), "Naturaleza" (42,4 millones de ecus), y "Terceros Países" (4,2 millones de ecus). Bajo este programa, España recibirá casi 10 millones de ecus para proyectos destinados a la protección de algunas de sus especies en extinción.
El Tribunal de Justicia ha aclarado que la directiva "Televisión sin fronteras" no impide que un Estado miembro de la Unión Europea pueda prohibir la difusión de publicidad televisa cuya emisión proviene de otro Estado Miembro, alegando que se trata de una publicidad engañosa de acuerdo a la legislación nacional del Estado receptor.
La gran tarea de la presidencia luxemburguesa será preparar las decisiones que la Unión deberá tomar, en diciembre próximo, en relación con la apertura de nuevas negociaciones de ampliación de la Unión. Así se desprende de la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores luxemburgués y presidente en ejercicio del Consejo, Jacques Poos, ante el pleno del Parlamento Europeo. Poos ha señalado que tras la conclusión de la Conferencia Intergubernamental corresponde a su presidencia dar forma definitiva a los textos acordados, verificar sus diferentes versiones lingüísticas y someterlo a la firma de los plenipotenciarios en Amsterdam el próximo 2 de octubre. Otra cuestión prioritaria para la presidencia luxemburguesa será cumplir con el mandato recibido en el Consejo Europeo de Amsterdam para la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo Europeo dedicada al examen de la puesta en marcha de iniciativas relativas a la creación de empleo.
El cambio de siglo y de milenio entraña para Europa una transformación mucho más radical. Son inmensos los retos a los que tiene que hacer frente la Unión Europea en los próximos ocho años, cuya gestación requiere una amplia agenda de negociaciones políticas entre los Quince de aquí al año 2000: el comienzo del euro con la entrada en la Tercera Fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM), la reforma de los Tratados para dotar al proceso de integración europea de una base más democrática y la futura ampliación a una larga lista de países, la mayoría de Europa del Este. Mezclados con estos objetivos se encuentran otros grandes desafíos, como definir el marco financiero de la Unión en el primer decenio del siglo XXI, y establecer el futuro de la Unión Europea Occidental, cuya vocación es convertirse en el sistema de defensa común. Todo ello, sin descuidar los objetivos prioritarios del crecimiento sostenible, el empleo y la competitividad en Europa.
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