La Comisión Europea ha lanzado hoy una consulta pública destinada a evaluar el funcionamiento del reglamento comunitario sobre concentraciones de empresas, que entró en vigor en mayo de 2004. Los interesados tendrán hasta el 1 de diciembre para comunicar sus observaciones.
La Comisión Europea ha multado a la empresa estadounidense Dole y a la alemana Weichert a pagar un total de 60,3 millones de euros tras descubrir que formaron un cártel durante tres años. Entre 2000 y 2003, estos importadores de bananas fijaron semanalmente los precios en ocho Estados miembros, lo que constituye una práctica anticompetitiva contraria al derecho comunitario. Chiquita, que también participó en el cártel, no ha sido sancionada porque alertó al Ejecutivo comunitario de lo que estaba ocurriendo.
La Comisión europea ha anunciado hoy las multas que deben pagar las empresas que durante 1992 y 2005 participaron en el denominado 'cartel de la parafina'. La española Repsol tendrá que pagar 19,8 millones de euros por pactar precios.
La Comisión Europea ha concluido hoy que el plan presentado por las autoridades griegas para privatizar ciertos activos de las compañías del sector del transporte aéreo Olympic Airlines y Olympic Airways Services no constituye una ayuda de Estado, siempre que se respeten los compromisos adoptados. Esto significa que Grecia tiene el visto bueno de Bruselas para iniciar el proceso privatizador. El Ejecutivo comunitario ha concluido, en relación con un caso distinto pero relacionado, que estas dos empresas han recibido 850 millones de euros en ayudas de Estado incompatibles con el derecho comunitario.
El Tribunal de Justicia de la UE ha afirmado hoy que una empresa incurre en un abuso de posición dominante, y por tanto viola el derecho comunitario, si no atiende pedidos normales de mayoristas con el fin de impedir que éstas exporten sus productos a otros Estados miembros donde se venden a un precio más elevado. Para determinar si las solicitudes son normales, es necesario tener en cuenta el volumen de pedidos respecto a las necesidades del mercado del Estado miembro en el que se esté abusando, presuntamente, de la posición dominante. También hay que estudiar las relaciones mantenidas anteriormente entre la empresa y los mayoristas afectados. Esta sentencia se refiere a una demanda presentada contra la empresa de productos farmacéuticos GlaxoSmithKline en Grecia por un presunto abuso de posición dominante al limitar sus ventas a los mayoristas griegos.
La fijación de precios en los contratos de suministro en exclusiva por parte de CEPSA con gasolineras podría ir contra la competencia, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Además, indica que corresponde a la Audiencia provincial de Madrid evaluar si la actuación de CEPSA tiene por objeto impedir, restringir o falsear la competencia. La decisión de este órgano judicial, que no tiene carácter vinculante, responde al análisis de una denuncia de la empresa de estaciones de servicios Tobar contra CEPSA.
La Comisión europea ha autorizado el proyecto de adquisición de Agip España, perteneciente hasta ahora al grupo ENI, por la sociedad portuguesa Galp. La Comisión ha concluido que esta operación es conforme a la aplicación de reglamento europeo de concentraciones.
Las sociedades de gestión de derechos de autor han recibido un duro golpe tras la decisión tomada ayer por la Comisión Europea de permitir a los compositores de elegir la asociación que más les convenga. Las radios, televisiones, compañías de móviles y proveedores de música por Internet que quieran difundir las obras musicales también lo tendrán más fácil.
El Tribunal de Justicia de la UE ha anulado la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que invalidaba la autorización de la Comisión Europea a la concentración del grupo de comunicación Bertelsmann y a Sony. Una sociedad de derecho belga, Impala, se había opuesto a esta fusión por poner en peligro una competencia equilibrada entre las empresas e introdujo un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia.
La Comisión Europea ha adoptado hoy unas directrices destinadas a explicar a los operadores marítimos las implicaciones de la aplicación, a partir de octubre de 2008, de las normas europeas de competencia a los servicios de transporte marítimo. Este sector había estado exento de las normas de competencia, lo que les había permitido fijar precios y coordinar la capacidad del transporte de carga en contenedores.
La Comisión Europea ha señalado hoy en su informe anual sobre política de competencia que 2007 fue el año en el que Bruselas tuvo más éxito en su lucha contra los cárteles, ya que impuso la cifra récord de más de 3.500 millones de euros en multas contra esta práctica anticompetitiva, mientras que en 2006 esta cifra se quedó en 1.800 millones de euros.
Neelie Kroes, comisaria europea de Competencia, ha declarado hoy en un discurso ante el Senado francés que el país no debería temer la política de competencia de la UE, porque la necesita para modernizar su economía y favorecer el crecimiento. También ha pedido que se acaben con los prejuicios que asocian la liberalización con las deslocalizaciones y las pérdidas de puestos de trabajo. La sociedad francesa es famosa por salir a la calle ante cualquier atisbo de reforma o reestructuración.
La Comisión Europea pretende indemnizar a los consumidores y empresas víctimas de abuso de poder o de prácticas comerciales restrictivas. Para ello, ha publicado un Libro Blanco donde expone mejoras para la legislación en materia de competencia -como una indemnización única por el daño sufrido- y pide opinión a todos los afectados. La Comisión se hace eco de las quejas de los afectados cuando intentan acudir a los tribunales para solicitar compensaciones, ya que se encuentran con grandes obstáculos. Se podrá opinar hasta el 15 de julio y, con ello, la Comisión reflexionará sobre las medidas concretas a adoptar.
La Comisión Europea ha anunciado hoy que va a investigar si Visa Europe Limited desarrolla prácticas anticompetitivas, como la fijación de precios, en las transacciones internacionales con tarjeta de crédito llevadas a cabo en el Espacio Económico Europeo. Aunque se demostrasen las sospechas del Ejecutivo comunitario, la empresa podría conseguir que no se le aplicasen las reglas de la UE en materia de competencia. Para ello, tendría que probar que esas actuaciones contribuyen al progreso técnico y económico y benefician a los consumidores.
La compañía aérea irlandesa Aer Lingus no ha conseguido que el presidente del Tribunal de Primera Instancia de la UE impida a Ryanair -que posee un 29,4% de su capital- ejercer sus derechos de voto dentro de los dominios de la irlandesa. El presidente de este Tribunal ha considerado que Aer Lingus no cumple las condiciones necesarias para la adopción de medidas provisionales, por no darse un caso de fumus boni iuris -probabilidad de que exista el derecho que se aduce-, ni un carácter urgente para evitar un perjuicio grave e irreparable. Aer Lingus cuenta ahora con un plazo de dos meses para recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia de la UE debe pronunciarse todavía, ya que una ordenanza sobre medidas provisionales no prejuzga el desenlace de la acción principal.
La Comisión Europea y el departamento de Transportes estadounidense han lanzado hoy un proyecto de investigación que estudiará los efectos que las alianzas transatlánticas de servicios aéreos tiene sobre la competencia. Esta iniciativa se enmarca en el acuerdo "Open Sky" de transporte aéreo, firmado por la UE y EEUU en marzo de 2007.
Mayo de 2006. Funcionarios de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea realizan una inspección sorpresa en las oficinas de la empresa alemana E.ON para descubrir posibles prácticas contra la competencia en el mercado energético alemán, e instalan un precinto para proteger información potencialmente sensible. Al día siguiente, los inspectores del Ejecutivo comunitario se dan cuenta de que el precinto está roto. Tras este incidente propio de una película de mafiosos, E.ON ha sido acusada por la Comisión de poner trabas a la inspección, por lo que deberá pagar una multa de 38 millones de euros.
El Parlamento Europeo ha adoptado en primera lectura la propuesta de directiva de la Comisión Europea que persigue introducir principios comunes de regulación en las tasas aeroportuarias de 67 aeropuertos de la UE. Así, se verán afectados los aeropuertos cuyo tráfico supere los cinco millones de viajeros al año o los que representen más del 15% del volumen anual total de pasajeros del Estado miembro en el que se encuentren. De esta forma, podrían verse regulados por esa directiva ocho aeropuertos españoles, aunque todavía es necesario esperar a que el Consejo de la UE se pronuncie al respecto, ya que se trata de una normativa cuya aplicación se decide bajo procedimiento de codecisión.
La Comisión Europea ha publicado los resultados de la investigación realizada sobre la compañía MasterCard. Bruselas ha observado que las tasas multilaterales de intercambio (TMI) -precio mínimo que los establecimientos tienen que abonar por aceptar las tarjetas de esta compañía- para las transacciones transfronterizas con tarjetas de débito y de crédito de las marcas MasterCard y Maestro en el Espacio Económico Europeo (EEE) violan las normas del Tratado CE en materia de prácticas comerciales restrictivas. La Comisión concluyó que la tasa aplicada por MasterCard a cada pago efectuado en un establecimiento minorista en el momento de llevarse a cabo, inflaba el coste de la aceptación de la tarjeta por parte de los minoristas sin lograr eficiencias contrastadas.
El Tribunal de Justicia de la UE ha declarado que en el caso de entidades dependientes de la misma autoridad pública, cuando una de esas empresas ha cometido una infracción, que después ha sido continuada por otra, ésta puede ser sancionada por la infracción en su conjunto si se demuestra que esas dos entidades se encontraban bajo la tutela de la misma autoridad. Las actividades de la Administración Autónoma del Estado de Italia (AAMS) fueron traspasadas al Ente del Tabaco Italiano (ETI), que también heredó y continuó con las infracciones cometidas por la primera. Al pertenecer las dos entidades al Ministerio de Economía y Hacienda de Italia, el Tribunal de Justicia considera que la segunda es responsable de las infracciones que en su día cometió la AAMS.
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