La Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado a España por obligar a los residentes que quieran comprar bienes inmobiliarios en nuestro país a hacerlo a través de un notario español. Los responsables comunitarios consideran que esto va en contra de la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento. Bélgica, Irlanda e Italia recibirán también dictámenes por la misma razón.
La Comisión Europea ha decidido notificar dictámenes motivados contra España por no adoptar en su legislación nacional las directivas sobre las embarcaciones de recreo. La decisión ha sido tomada basándose en el artículo 169 del Tratado de la UE. Además, la Comisión notificará estos dictámenes contra Irlanda, Bélgica Italia, Austria, Portugal, Grecia y Luxemburgo por incumplir varias directivas sobre productos industriales.
El 55% de los Fondos de Cohesión de la UE fueron para España en 1996. Los 1.340 millones de ecus recibidos por España se destinaron fundamentalmente a proyectos medioambientales relativos al agua y a proyectos de carretera. La distribución del 45% restante de los fondos se efectuó según la proporción prevista, correspondiendo un 18% a Grecia, un 18% a Portugal y un 9% a Irlanda. Así lo ha confirmado la Comisión Europea en el primer balance sobre los Fondos de Cohesión en 1996.
La Comisión Europea ha aprobado una ayuda de 149 millones de ecus del Fondo de Cohesión destinada a dos proyectos del sector de las infraestructuras de transportes en España. Los proyectos son el tramo Atalaya del Cañavete-Motilla del Palancar en la autovía Madrid-Valencia, y el tramo Benavente-Camarzana de Tera en la autovía de las Rías Bajas. El coste total subvencionable de estos dos proyectos es de 157 millones de ecus y el porcentaje de la ayuda del Fondo de Cohesión a ambos proyectos es del 85%.
La Comisión Europea ha decidido cofinanciar con un máximo de 7,48 millones de ecus los estudios sobre la viabilidad de 21 "proyectos de interés común" concernientes a la Red Transeuropea en el sector de la energía. Con esta acción, la Unión Europea quiere contribuir al progreso, interconexión y extensión de las redes europeas de gas y electricidad. Las compañías españolas Red Eléctrica de España, y ENAGAS recibirán 595.000 y 589.000 ecus respectivamente para el desarrollo de sus estudios.
La Comisión Europea ha decidido cofinanciar 188 nuevos proyectos medioambientales para 1997 dentro del marco del Programa LIFE II. La cantidad total de la contribución comunitaria será de 90,2 millones de ecus para los tres sectores del programa: "Medio Ambiente" (43,6 millones de ecus), "Naturaleza" (42,4 millones de ecus), y "Terceros Países" (4,2 millones de ecus). Bajo este programa, España recibirá casi 10 millones de ecus para proyectos destinados a la protección de algunas de sus especies en extinción.
Según la Comisión Europea en España no se cumple la legislación comunitaria en los contratos de los servicios de limpieza de la Biblioteca Nacional. Ante este hecho, la Comisión podría recurrir al Tribunal de Justicia contra este país por la violación de las reglas comunitarias impuestas sobre competitividad para la apertura y puesta en marcha de los mercados públicos.
La Directiva de 26 octubre 1994 sobre multipropiedad. debía haber sido adoptada antes del 29 de abril de 1997 en los sistemas legislativos nacionales. Sin embargo, España no la ha traspuesto. La directiva constituye una de las medidas necesarias para lograr progresivamente el mercado interior, y forma parte del Plan de acciones comunitarias en favor del turismo. Pretende ser un instrumento jurídico para evitar fraudes e informaciones engañosas o incompletas a través de la exigencia de unas obligaciones mínimas a cumplir por el vendedor o promotor frente al adquirente. Sin embargo la Directiva no ofrece una solución a todos los problemas que en la práctica puede presentar la multipropiedad.
El Parlamento Europeo ha aprobado una comunicación de la Comisión por la que se liberalizan las normas para acceder y operar en el mercado de las telecomunicaciones. A partir de ahora, nuevos operadores tendrán la oportunidad de ofrecer redes y servicios de telecomunicación y multimedia en igualdad de condiciones con las compañías actuales (tradicionalmente monopolios).
La gran tarea de la presidencia luxemburguesa será preparar las decisiones que la Unión deberá tomar, en diciembre próximo, en relación con la apertura de nuevas negociaciones de ampliación de la Unión. Así se desprende de la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores luxemburgués y presidente en ejercicio del Consejo, Jacques Poos, ante el pleno del Parlamento Europeo. Poos ha señalado que tras la conclusión de la Conferencia Intergubernamental corresponde a su presidencia dar forma definitiva a los textos acordados, verificar sus diferentes versiones lingüísticas y someterlo a la firma de los plenipotenciarios en Amsterdam el próximo 2 de octubre. Otra cuestión prioritaria para la presidencia luxemburguesa será cumplir con el mandato recibido en el Consejo Europeo de Amsterdam para la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo Europeo dedicada al examen de la puesta en marcha de iniciativas relativas a la creación de empleo.
El cambio de siglo y de milenio entraña para Europa una transformación mucho más radical. Son inmensos los retos a los que tiene que hacer frente la Unión Europea en los próximos ocho años, cuya gestación requiere una amplia agenda de negociaciones políticas entre los Quince de aquí al año 2000: el comienzo del euro con la entrada en la Tercera Fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM), la reforma de los Tratados para dotar al proceso de integración europea de una base más democrática y la futura ampliación a una larga lista de países, la mayoría de Europa del Este. Mezclados con estos objetivos se encuentran otros grandes desafíos, como definir el marco financiero de la Unión en el primer decenio del siglo XXI, y establecer el futuro de la Unión Europea Occidental, cuya vocación es convertirse en el sistema de defensa común. Todo ello, sin descuidar los objetivos prioritarios del crecimiento sostenible, el empleo y la competitividad en Europa.
La Comisión Europea pedirá a España que "liberalice" las actividades de guardia o instalación de sistemas de seguridad, así como el acceso profesional a los cuerpos de seguridad del Estado y de detectives privados. La Comisión ha pedido al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que declare incompatible con el mercado común la ley española del 30 de julio de 1992 que obliga a vivir en España a los dirigentes de las empresas, así como de ciertos requisitos sobre la nacionalidad de los trabajadores independientes y los salarios establecidos.
La Comisión Europea ha autorizado ayudas de Estado por valor de 229.008 billones de pesetas para que España pueda llevar a cabo una mayor reconversión de los astilleros públicos. Con esta medida se espera que los astilleros se vuelvan a poner en marcha a finales de 1998. La decisión está en línea con los acuerdos alcanzados por el consejo de ministros de Industria de la Unión Europea.
Desde ahora, la mayoría de las informaciones de Aquí Europa son de libre acceso mediante la suscripción AE Libre.
RegistrarseNuestro sitio web usa cookies para mejorar la experiencia de usuario, conocer sus hábitos de navegación y ofrecerle mejor contenido. Si continúa navegando por el sitio entendemos que da su consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar
Our website uses cookies in order to improve your user experience, know your navigation habits and offer you better contents. By using this website you consent to our cookie policy. Accept