El clima económico mejoró en todos los países de la UE en el mes de mayo, a excepción de Dinamarca e Italia, según un estudio de la Comisión Europea. El aumento de la confianza en las perspectivas económicas se debió sobre todo a la actuación optimista de los industriales. Los empresarios del sector de la construcción y los consumidores, sin embargo, no se muestran tan convencidos con el futuro de su situación.
La Comisión Europea ha renunciado a su intento de suprimir las ayudas procedentes del Fondo de Cohesión para aquellos países que no participen en la moneda única. El gobierno español, que había protestado fuertemente contra de la propuesta, ha conseguido por lo tanto su objetivo.
Los industriales europeos proponen liberalizar los mercados de los Países en Vías de Desarrollo (PVD) como el único medio de sacarlos de la pobreza y la exclusión internacional. En concreto, quieren aumentar en ellos la participación privada, algo que pasa por obtener un acuerdo global sobre inversión en la siguiente cumbre ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), prevista para junio de 1998. Las nuevas normas internacionales no deberían debilitar la autoridad local: ha de establecerse un marco flexible de colaboración con los acuerdos regionales, una geometría variable que respete el principio de subsidiariedad.
En la Unión Europea existen diferencias entre las regiones, pero aunque muchas regiones sufren graves problemas económicos y estructurales, sería excepcional encontrar una región que careciera de un desarrollo e infraestructura básicos. Aún en los cuatro países de cohesión de la UE, España, Portugal, Irlanda y Grecia, es posible distinguir entre las regiones que ya se encuentran en un periodo de recuperación y las que se encuentran todavía atrasadas. Los factores que se tienen en cuenta como indicadores del nivel de una región son los económicos, estructurales y espaciales, sin olvidar los aspectos sociales. El principio de cohesión entre las distintas regiones europeas fue incluido en el Tratado de Maastricht, y con frecuencia se alude a la importancia de una política de cohesión, que está estrechamente relacionada con la futura unión monetaria. La investigación y el desarrollo tecnológico constituirán en el futuro un importante instrumento para garantizar el desarrollo en todas las regiones de la Comunidad.
La Comisión Europea ha adoptado una comunicación relativa al retraso de los pagos en las transacciones comerciales. El incremento de estas demoras tiene serias consecuencias para todas las empresas europeas cuya rentabilidad, liquidez y competitividad se ven seriamente afectadas. Estos efectos son especialmente nocivos en el caso de las pequeñas y medianas empresas cuya delicada posición como proveedores de las grandes empresas puede verse perjudicada por un deliberado retraso en el pago de sus servicios. La Comisión propondrá una directiva a finales de año para solucionar este problema.
El consumo interior bruto de energía de la UE alcanzó 1.360,4 millones de toneladas equivalente en petróleo (tep) en 1996. Esto significa un incremento del 3,6% con respecto a 1995. Sin embargo, España no siguio esta tendencia y disminuyo su consumo un 3,8%. Así lo confirman las estadísticas publicadas por Euroestat sobre el balance energético de la UE en 1996.
Debido al envejecimiento de de la población europea, el segmento de individuos en edad activa será cada vez menor. En el año 2010, el número de personas que se retiren será superior al número de las que entran en el mercado laboral. Eso significa que probablemente disminuirá el paro, pero también que los gastos en pensiones y sanidad aumentarán enormemente. La situación se complica en las regiones periféricas, donde el nivel económico es mediocre. España es uno de los países donde el envejecimiento demográfico es más evidente.
Los fabricantes de productos farmacéuticos que han sido comercializados en España por una sociedad que goza de una patente en cualquier otro país miembro de la Unión Europea, no podrán impedir que otra sociedad compre en España estos productos y los comercialice en su país de origen. Esta es la conclusión que se desprende de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia europeo, en un asunto en el que varias compañías farmacéuticas demandaban a la Comisión por haber impedido a Francia, Bélgica, Alemania, Austria, Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña adoptar medidas de salvaguarda contra determinadas importaciones procedentes de España.
La Comisión Europea ha concedido un total de 13,4 millones de ecus para proyectos relativos a la protección de los bosques contra la contaminación atmosférica y los incendios forestales. Estas acciones se basan en las regulaciones del Consejo de Ministros extendidas hasta el año 2001 por las cuales los Estados miembros pueden realizar proyectos cofinanciados por la Unión.
Los eurodiputados españoles se han opuesto enérgicamente a cualquier recorte de los Fondos Estructurales y de Cohesión para hacer frente a la ampliación de la Unión Europea a los países del Este, medida que reduciría drásticamente para España estas fuentes de financiación. José Manuel García-Margallo, del PP, ha presentado un informe de opinión a la comisión Económica y Monetaria del Parlamento Europeo, primer foro de discusión de las perspectivas financieras de la Unión, en el que se sostiene que la ampliación no puede reducir lo más mínimo el acervo comunitario.
La Comisión Europea ha condenado las destrucciones de frutas y hortalizas procedentes de España por agricultores franceses, en su respuesta a una pregunta formulada por el diputado europeo José Manuel García-Margallo, del PP. El ejecutivo comunitario responsabiliza de estos actos vandálicos a las autoridades francesas, por su inacción.
La Comisión Europea ha decidido tomar medidas contra España, Francia, los Países Bajos y Grecia por incumplir la sexta directiva relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, IVA. Si tras las opiniones motivadas que se han notificado, estos Estados no toman las medidas necesarias en los próximos dos meses, la Comisión recurrirá al Tribunal Europeo de Justicia. En el caso de España se trata concretamente de la exoneración de este impuesto sobre las importaciones de material militar.
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