El Banco Europeo de Inversiones (BEI) cumple ahora 40 años, precisamente en un momento en que su principal reto es contribuir a culminar el proceso de la integración monetaria europea mediante la introducción total del euro.
El Parlamento Europeo celebrará el miércoles 18 un maratón de debates para pasar revista a todos los textos legislativos más candentes en torno a la Agenda 2000, el programa financiero de la Unión Europea entre el 2000 y el 2006. Principalmente habrá una sesión dedicada a las ayudas de preadhesión para los países candidatos, otra a la reforma de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión, y una tercera a la política agrícola y la política pesquera. Los informes serán votados al día siguiente.
La reforma de los fondos estructurales es uno de los temas principales que centrarán el debate del miércoles 18 de noviembre en el pleno del Parlamento Europeo, en una jornada centrada en la Agenda 2000. En el informe que se discutirá se pide que las regiones Objetivo 1 reciban dos tercios del total de los Fondos estructurales, se critican los criterios de subvencionalidad propuestos por la Comisión Europea y se proponen otros indicadores complementarios como la situación de la sanidad o del medio ambiente. Este texto prepara el voto del día siguiente en que la eurocámara dará o no su dictamen conforme a la propuesta. También se discutirá un informe en el que se sugiere que los países del euro deben poder seguir disfrutando del Fondo de Cohesión, si cumplen los mismos requisitos que se establecen actualmente.
La Comisión Europea examinará todos los regímenes fiscales especiales de la Comunidad para comprobar que respetan la nueva interpretación que ha hecho sobre concesión de ayudas de Estado. Entre los sistemas que quedan en tela de juicio están el régimen del que se benefician las empresas en el País Vasco y a la futura Zona Especial Canaria (ZEC).
Si sigue cubriendo necesidades de interés general, una compañía no pierde su carácter de organismo público por llevar a cabo actividades industriales o comerciales, sobre todo si encarga su realización a una de sus filiales. Así lo aclara una sentencia del Tribunal de Justicia sobre el caso de ARA, la compañía a la que dos municipios holandeses encargaron la recogida de residuos sin concurso, por considerarla pública.
La Comisión Europea ha modificado la normativa comunitaria sobre exportación de residuos peligrosos para ceñirse a lo acordado por los miembros de la Convención de Bale en su último encuentro. Incluso ha decidido ir más allá, imponiendo limitaciones más estrictas de lo necesario para algunos desechos.
España ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el que solicita que se anule la Decisión C(1998) 2048, adoptada por el ejecutivo comunitario el pasado 1 de julio 1998, por la cual se sanciona el régimen español de ayudas a la compra de vehículos industriales, el Plan Renove Industrial. Además, el Gobierno español solicita que se condene en costas a la Comisión.
En el último Consejo de Asuntos Generales, los Quince han llegado a un acuerdo político sobre las ayudas agrícolas y los "Fondos Estructurales" para los países del este, SAPARD e ISPA, pero condicionan su aprobación definitiva a un consenso global sobre las directrices financieras de la Agenda 2000. El acuerdo sobre ISPA mantiene además algunos flecos pendientes de resolución; el más importante, la reserva de España sobre la parte de las ayudas que debe financiar la Comisión.
Los Estados miembros que más necesitan los Fondos Estructurales, España, Portugal e Irlanda, son también los que mejor los utilizan, según la Comisión Europea. Así lo pone de manifiesto un informe que acaba de publicar, y donde destaca también que los Fondos ponen a disposición de las PYME de la UE un amplio abanico de posibilidades y dinero. Sólo en España, las pequeñas y medianas empresas habrán recibido a finales de este año 2.300 millones de ecus.
La cumbre entre la Unión Europea y el Comité de Cooperación de Ucrania se ha centrado en el papel del programa Tacis (ayudas comunitarias para los antiguos países soviéticos) en la asistencia técnica del Acuerdo de Cooperación (PCA) entre ambos bloques. Por este programa, la UE ha proporcionado más de 600 millones de ecus a Ucrania desde 1991.
La Comisión Europea ha hecho públicas las primeras disposiciones de una posible estrategia comunitaria en favor de Turquía. El documento responde a la invitación del Consejo Europeo de Luxemburgo del 13 de diciembre de 1997, en el que se consideró que los Quince debían preparar una estrategia concreta de cara a que Turquía se preparase para una posible entrada en el «club comunitario».
La Comisión Europea ha aprobado una directiva por la que se modifican los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en los cereales, los productos alimenticios de origen animal y en algunos productos vegetales, incluidas las frutas y las hortalizas. El nuevo texto varía los anexos de tres directivas -dos de 1986 y una de 1990- con el objetivo de preservar el medio ambiente y proteger a las personas de una posible intoxicación tóxica.
La Comisión Europea ha decidido crear 17 grupos de expertos que le asesoren sobre el contenido y la orientación de las acciones clave en el ámbito de la investigación y del desarrollo tecnológico, en aspectos como la alimentación, medio ambiente, agricultura, sociedad de la información, transportes, urbanismo y energía. Los interesados podrán presentar sus candidaturas.
En el Parlamento Europeo se debatirá el próximo miércoles 4 la posibilidad de modificar la directiva sobre productos defectuosos para incluir en su ámbito de protección los daños causados por materias primas agrarias. Se trata de una idea que ya propuso el eurodiputado español Manuel Medina a raíz de la crisis de las vacas locas.
La Comisión Europea examinará el almacenamiento de pirita en Huelva durante su próxima reunión "paquete" sobre denuncias y procedimientos de infracción en el ámbito del medio ambiente, los próximos 12 y 13 de noviembre. Los sistemas de seguridad de este tipo de minas han cobrado mayor importancia desde que se produjo la ruptura de la presa de Aznalcóllar.
La Comisión Europea presentó esta semana su estrategia para reducir el empleo de CFC en la fabricación de inhaladores-dosificadores para el asma y otras enfermedades broncopulmonares. Los CFC son gases que se emplean a menudo por su inocuidad y su fiabilidad, pero contribuyen a la destrucción de la capa de ozono.
Del 2 al 3 de noviembre se celebra en Buenos Aires la cuarta conferencia de las partes firmantes del Protocolo de Kioto sobre cambio climático (COP4). El encuentro viene precedido por las divergencias entre Estados Unidos y la UE sobre los mecanismos de flexibilidad, los que permiten a las empresas o países "comerciar" con sus cuotas de emisión. Para la Comunidad, los mecanismos deben apoyar los compromisos nacionales y no sustituirlos; para el Gobierno norteamericano, son la piedra angular de la lucha contra el cambio climático.
La Comisión Europea ha declarado ilegales varias de las numerosas ayudas concedidas a Sniace S.A, productor de fibras sintéticas y de fibras de viscosa en Torrelavega (Cantabria). Se trata en concreto del aplazamiento de su deuda con la seguridad social, con tasas de interés que no se corresponden con las del mercado, y del acuerdo de reembolso concluido con el Fondo de Garantía Salarial, FOGASA. Aunque la Comisión no ha especificado el total de las ayudas que deberán recuperarse, España deberá, en un plazo de 2 meses, informar a la Comisión sobre las medidas tomadas para responder a esta decisión.
La Comisión Europea ha adoptado un plan de acción relativo al desarrollo urbano sostenible y duradero. Para ayudar a las ciudades europeas, en su lucha contra el paro, los problemas de circulación y medioambientales, se propone una aplicación más eficaz de las políticas y de los instrumentos comunitarios para integrar totalmente la dimensión urbana. La decisión adoptada hoy en Bruselas se debatirá durante el foro urbano europeo organizado por la Comisión en Viena los días 26 y 27 de noviembre
Los Quince dieron el visto bueno en el último Consejo de Investigación al acuerdo Unión Europea-Estados Unidos sobre cooperación científica y técnica, firmado a finales de 1997. Se trata de un paso formal más antes de su entrada en vigor. El acuerdo durará cinco años y permitirá el lanzamiento de numerosas iniciativas de investigación conjunta.
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