El Consejo de la UE ha aumentado este lunes sus sanciones a Venezuela por los abusos de derechos humanos y restricción de libertades políticas. Los ministros de Asuntos Exteriores han dado luz verde para añadir a 19 personas a la lista de sanciones comunitarias que con el paso de hoy suma 55 individuos venezolanos sobre los que pesan restricciones financieras y de movilidad. Entre ellas se encuentran varios miembros de la actual Asamblea Nacional no reconocida por la UE.

Era el escenario planeado. El Gobierno de Nicolás Maduro ejecutó su idea de celebrar elecciones en Venezuela desoyendo las llamadas europeas para posponerlas. Los 27 ministros de Asuntos Exteriores han rechazado los comicios por unanimidad considerando que no son “justos, creíbles y transparentes” y su resultado “no representa el deseo del pueblo venezolano”. La Unión opta por la cautela en su respuesta y se dispone a preparar el escenario del 5 de enero, cuando expira el mandato de la actual Asamblea Nacional.

Tras varios días de manifestaciones y disturbios en Perú, que se han saldado con dos muertos, cientos de fallecidos y la renuncia del recién estrenado presidente Manuel Merino, el pleno del Congreso debe elegir un nuevo mandatario que asuma el poder hasta las elecciones presidenciales del 2021. La Unión Europea se ha declarado preocupada por los disturbios y demanda a la directiva peruana una investigación sobre la violencia durante las protestas.

La Unión Europea ha ampliado un año las sanciones por la represión en Nicaragua. La lista incluye a seis personalidades próximas al presidente Daniel Ortega. Las protestas contra el líder sandinista comenzaron en abril de 2018. Dos años y medio después, las violaciones de derechos humanos continúan. El bloque comunitario pide la celebración de elecciones transparentes el próximo año y el fin de la violencia.

La UE no descarta enviar una misión de observación a Venezuela, pero solo si se aplazan las elecciones legislativas programadas para el próximo 6 de diciembre. Con ese objetivo, altos cargos del Servicio de Acción Exterior que dirige Josep Borrell se han desplazado a Caracas entre críticas de los eurodiputados populares que consideran que esta misión "legitima al dictador Maduro".

El parlamento de Países Bajos ha votado en contra del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur que se cerró hace un año. Con ello se unen a las negativas de Austria o la región belga de Valonia. La oposición de los parlamentos pone en peligro el acuerdo comercial, que en última instancia debe ser ratificado por la Eurocámara. Tras 20 años de negociación, el tratado de libre comercio aún debe superar más dificultades.

La Unión Europea y España han celebrado este miércoles una conferencia de donantes en solidaridad con los refugiados venezolanos. La comunidad internacional ha comprometido 2.544 millones de euros para paliar el drama humanitario y apoyar a los países de acogida. Josep Borrell ha celebrado que la comunidad internacional haya demostrado que esta no es “una crisis olvidada”.

Las protestas sociales contra el régimen de Daniel Ortega cumplen esta semana su segundo aniversario. La Unión Europea denuncia que la situación sigue siendo muy preocupante sin apenas avances hacia el objetivo de consumar unas elecciones libres y transparentes. Entretanto, el Gobierno nicaragüense no ha establecido ninguna medida de distanciamiento social ante el Covid-19 porque "sin trabajo, el país se muere".

La Red de Autoridades en Medicamentos de Iberoamérica (EAMI), con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), habilitará a partir de hoy una plataforma digital donde los 22 países iberoamericanos podrán compartir y consultar información oficial sobre tratamientos, ensayos clínicos de medicamentos y guías técnicas para personal de la salud, con el fin de hacer frente a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

No es la primera vez que Nicolás Maduro da un ultimátum a la embajadora europea en Venezuela tras nuevas sanciones del bloque comunitario. Pero sí podría ser diferente, porque el ultimátum de expulsión de esta ocasión llega con un Gobierno bolivariano en control de la Asamblea Nacional. Josep Borrell ha pedido al Ejecutivo de Caracas que revierta este paso advirtiendo de que amenaza con socavar más el diálogo. En respuesta, la UE ha declarado persona non grata al jefe de misión de Venezuela en Bruselas.

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela para la UE, pide al bloque comunitario que continúe reconociendo a la actual Asamblea Nacional más allá del 5 de enero, cuando expira su mandato. El líder de la oposición venezolana afirma en una rueda de prensa con el Parlamento Europeo que el “rechazo al fraude es insuficiente”. Los Veintisiete no reconocen los resultados de los comicios legislativos celebrados en Venezuela el domingo.

La Eurocámara ha recordado su intención de no enviar a ningún representante de la institución a observar las elecciones a la Asamblea Nacional que se celebrarán en Venezuela el próximo 6 de diciembre. “Consecuentemente con esta decisión, el Parlamento tampoco comentará el proceso ni los resultados que serán anunciados posteriormente”, ha comunicado la comisión de Asuntos Exteriores. Los eurodiputados responden así a la negativa de Maduro a aplazar las elecciones.

Con el referéndum del domingo, los chilenos ponen fin a una parte negra de su historia reciente. El país dice de forma masiva ‘sí’ a cambiar la Constitución redactada bajo la dictadura de Augusto Pinochet. La Unión Europea ha celebrado este “paso histórico” que ven como una oportunidad para el futuro y la unidad del país. Un organismo ciudadano será ahora el encargado de redactar una Carta Magna que cuente con un mayor pilar democrático, social e igualitario.

Nuevo debate sobre la situación en Venezuela y nuevo fango político en la Eurocámara. Tajani y Borreell; Cañas y Borrell; o Terstch y Pineda han sido algunos de los choques directos en el debate sobre la reciente misión diplomática de la UE a Caracas, que es para la derecha, la extrema derecha y los liberales una “misión secreta”. Por su parte, Socialistas, Izquierda Unitaria y Verdes acusan a Cs y PP de instrumentalizar la situación venezolana en clave de política interna española.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, decreta la liberación de más de 100 personalidades políticas y sociales detenidas o exiliadas pocos días antes de que concluya el plazo para presentar candidaturas de cara a las elecciones de diciembre. Josep Borrell ha valorado como positivo este paso imprescindible para garantizar unos comicios “libres, inclusivos y transparentes”. Los eurodiputados populares españoles exigen la liberación de los europeos presos en Caracas.

“La UE continúa apoyando a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional”, apuntan los Veintisiete en un comunicado conjunto considerando la elección de Luis Parras como “ilegítima”. El bloque comunitario ha condenado el deterioro de la “represión política” en Venezuela, aunque ve como un “paso positivo” el reciente acuerdo entre Gobierno y oposición en materia de ayuda humanitaria.

La Unión Europea impone sus primeras sanciones a personas próximas a Daniel Ortega por "violaciones serias de derechos humanos". Los Veintisiete consideran que dos años después del inicio de las protestas contra el Gobierno la represión continúa. Asimismo, instan al Ejecutivo nicaragüense a liberar a los pesos políticos y a celebrar elecciones libres y creíbles. Entre los sancionados se encuentra el jefe de la Policía Nacional.

Un Gobierno de transición formado por miembros oficialistas y opositores que lidere nuevas elecciones, pero sin Maduro y Guaidó. Es la nueva propuesta de la diplomacia estadounidense para desencallar la multicrisis en Venezuela. La iniciativa ha tenido una primera buena recepción en la Unión Europea, que la está estudiando con “gran atención”.

Por primera vez desde la crisis migratoria, en 2015, la UE ha registrado un incremento en las solicitudes de asilo. 2019 cerró con un 13% más de peticiones que 2018. Pero el año pasado fue también el más bajo en llegadas de personas a través de vías irregulares. El repunte en la búsqueda de protección comunitaria se debe en buena parte al aumento de demandas de países como Venezuela, Colombia, El Salvador, Perú y Honduras, según el último informe de la EASO.